Artículo sobre la reforma de la LPI y la SGAE
11, 10 de 2006-06-10 de 2006
Un grupo de gente de Málaga nos asomamos a la página de Opinión del diario "Málaga Hoy" para lanzar una crítica fundamental a la reforma de la LPI actualmente en trámite con el consenso de todo el espectro partidista del Estado y, en su segunda parte, que aparece mañana, para realizar una radiografía de la Sociedad General de Autores y Editores
"Autores, creación y derecho" (1)
Rizoma
EN la primera de estas cartas de ciudadanía (Horizontal, creativa, colaborativa... otra manera de hacer cultura), hablábamos de lo que hace posible una producción local cultural potente y autónoma. En esta segunda recogemos los debates que tuvieron lugar en marzo pasado en el marco de las IV Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga para tratar la candente cuestión de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en curso. Esperamos que este breve texto sirva para que los malagueños conozcan algo más sobre ella y, sobre todo, para denunciar públicamente los gravísimos perjuicios sociales y culturales que estimamos puede implicar.
Comenzamos en esta primera parte con dos de los puntos que están suscitando una mayor polémica, los referidos a la "copia privada" y a la "remuneración compensatoria" que se ambiciona hacerle corresponder, de acuerdo con la máxima "si hay valor, hay derecho". Destacamos la grave tergiversación que tal lógica impone al amenazar de raíz los fines sociales que a la regulación de derechos de autor se le han de exigir (es decir, los que favorecen y premian la riqueza cultural de una sociedad, para beneficios de todos) al someterla a los intereses de las sociedades de gestión de derechos de autor y eliminar la incómoda competencia que está emergiendo gracias a internet y las nuevas tecnologías. Tal y como subraya el catedrático de Derecho de Stanford L. Lessig en su obra Por una cultura libre: "Justo en el momento en el que la tecnología digital podría desatar una extraordinaria gama de creatividad comercial y no comercial, las leyes le imponen a esta creatividad la carga de reglas irracionalmente complejas y vagas y la amenaza de penas obscenamente severas".
"Eso no es trabajar, así es cómo os lo montáis: dinero por nada, y las chicas, gratis". Dire Straits (Money for nothing)
Por lo que atañe al nuevo canon digital, se pretende que por CD y DVD virgen, reproductor MP3, escáner, grabadora, etcétera, que compremos en España, tengamos que pagar una cantidad a las sociedades de gestión de derechos de autor. Sin más. En la "era de la información", por el solo hecho de emplear un soporte de almacenamiento digital, todos los ciudadanos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario de estar sacando un valor por el cual debemos tributar a las citadas entidades. Así, en 2004 la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ingresó en concepto de "remuneración por copia privada" 29,28 millones de euros, un 155 por ciento más que el año anterior, según sus propias cuentas públicas. No es de extrañar cuando hasta por los CD-R donde se grabará la edición electrónica del BOE conteniendo esta reforma de la LPI estaremos obligados los contribuyentes a abonarles este canon.
En cuanto al intercambio en redes P2P, las sociedades de gestión citadas se empeñan en criminalizar a los millones de ciudadanos que cada día disfrutamos de él. Y ello aunque el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en su Circular sobre los Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial del pasado 5 de mayo, confirma que dicha práctica no es delictiva –si no entraña ánimo de lucro– (página 37) para concluir que no resulta "posible, ni efectiva, una criminalización generalizada de la sociedad" (p.99).
¿Recuerdan la noticia que copó portadas de diarios e informativos televisivos hace poco más de un mes? La Policía Nacional informaba el 9 de abril de la operación Descargas en la Red, que había culminado con la detención de 15 personas y el bloqueo de 17 páginas web que proveían enlaces a redes P2P, añadiendo que en el país esta compartición alcanzaba "proporciones únicas en Europa" y constituía "la mayor amenaza" en la protección de la propiedad intelectual. Pues bien, sólo tres días después Telecinco emitía esta nota: "Informativostelecinco.com ha podido saber, por el testimonio de una de las personas a las que se tomó declaración, que ese día [9 de abril] no había ninguna persona detenida. Por alguna razón, la Policía tardó más de diez días en dar la noticia y la hizo coincidir con otra operación muy diferente contra la pornografía infantil". El 8 de mayo pasado elmundo.es confirmaba que cuatro de las páginas web supuestamente clausuradas seguían plenamente operativas. Pero la puntilla a esta operación la puso el 29 de abril el abogado David Bravo al anunciar en su blog (www.filmica.com/david_bravo) que el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante había acordado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones contra una de las citadas páginas, www.naiadadonkey.com, ¡con fecha de 29 de marzo de 2006! (once días antes de la nota policial).
Ante tamaño exceso de celo mediático y policial queremos afirmar que nos parece intolerable que una sociedad entera haya de sufrir día tras día la calumnia y la amenaza por una actividad (la de la compartición entre pares en internet) que la beneficia en su conjunto (de acuerdo con la finalidad social de enriquecimiento cultural que otorga su legitimidad a los derechos de autor) y que no constituye delito alguno; y que, al mismo tiempo, las propias entidades que criminalizan dicha compartición exijan recaudar a cambio de ella el multimillonario tributo de los diversos cánones.
fuente: http://estrecho.indymedia.org/
"Autores, creación y derecho" (1)
Rizoma
EN la primera de estas cartas de ciudadanía (Horizontal, creativa, colaborativa... otra manera de hacer cultura), hablábamos de lo que hace posible una producción local cultural potente y autónoma. En esta segunda recogemos los debates que tuvieron lugar en marzo pasado en el marco de las IV Jornadas Críticas de Propiedad Intelectual de Málaga para tratar la candente cuestión de la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual actualmente en curso. Esperamos que este breve texto sirva para que los malagueños conozcan algo más sobre ella y, sobre todo, para denunciar públicamente los gravísimos perjuicios sociales y culturales que estimamos puede implicar.
Comenzamos en esta primera parte con dos de los puntos que están suscitando una mayor polémica, los referidos a la "copia privada" y a la "remuneración compensatoria" que se ambiciona hacerle corresponder, de acuerdo con la máxima "si hay valor, hay derecho". Destacamos la grave tergiversación que tal lógica impone al amenazar de raíz los fines sociales que a la regulación de derechos de autor se le han de exigir (es decir, los que favorecen y premian la riqueza cultural de una sociedad, para beneficios de todos) al someterla a los intereses de las sociedades de gestión de derechos de autor y eliminar la incómoda competencia que está emergiendo gracias a internet y las nuevas tecnologías. Tal y como subraya el catedrático de Derecho de Stanford L. Lessig en su obra Por una cultura libre: "Justo en el momento en el que la tecnología digital podría desatar una extraordinaria gama de creatividad comercial y no comercial, las leyes le imponen a esta creatividad la carga de reglas irracionalmente complejas y vagas y la amenaza de penas obscenamente severas".
"Eso no es trabajar, así es cómo os lo montáis: dinero por nada, y las chicas, gratis". Dire Straits (Money for nothing)
Por lo que atañe al nuevo canon digital, se pretende que por CD y DVD virgen, reproductor MP3, escáner, grabadora, etcétera, que compremos en España, tengamos que pagar una cantidad a las sociedades de gestión de derechos de autor. Sin más. En la "era de la información", por el solo hecho de emplear un soporte de almacenamiento digital, todos los ciudadanos somos culpables hasta que se demuestre lo contrario de estar sacando un valor por el cual debemos tributar a las citadas entidades. Así, en 2004 la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ingresó en concepto de "remuneración por copia privada" 29,28 millones de euros, un 155 por ciento más que el año anterior, según sus propias cuentas públicas. No es de extrañar cuando hasta por los CD-R donde se grabará la edición electrónica del BOE conteniendo esta reforma de la LPI estaremos obligados los contribuyentes a abonarles este canon.
En cuanto al intercambio en redes P2P, las sociedades de gestión citadas se empeñan en criminalizar a los millones de ciudadanos que cada día disfrutamos de él. Y ello aunque el propio fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en su Circular sobre los Delitos contra la Propiedad Intelectual e Industrial del pasado 5 de mayo, confirma que dicha práctica no es delictiva –si no entraña ánimo de lucro– (página 37) para concluir que no resulta "posible, ni efectiva, una criminalización generalizada de la sociedad" (p.99).
¿Recuerdan la noticia que copó portadas de diarios e informativos televisivos hace poco más de un mes? La Policía Nacional informaba el 9 de abril de la operación Descargas en la Red, que había culminado con la detención de 15 personas y el bloqueo de 17 páginas web que proveían enlaces a redes P2P, añadiendo que en el país esta compartición alcanzaba "proporciones únicas en Europa" y constituía "la mayor amenaza" en la protección de la propiedad intelectual. Pues bien, sólo tres días después Telecinco emitía esta nota: "Informativostelecinco.com ha podido saber, por el testimonio de una de las personas a las que se tomó declaración, que ese día [9 de abril] no había ninguna persona detenida. Por alguna razón, la Policía tardó más de diez días en dar la noticia y la hizo coincidir con otra operación muy diferente contra la pornografía infantil". El 8 de mayo pasado elmundo.es confirmaba que cuatro de las páginas web supuestamente clausuradas seguían plenamente operativas. Pero la puntilla a esta operación la puso el 29 de abril el abogado David Bravo al anunciar en su blog (www.filmica.com/david_bravo) que el Juzgado de Instrucción número 8 de Alicante había acordado el sobreseimiento libre y archivo de las actuaciones contra una de las citadas páginas, www.naiadadonkey.com, ¡con fecha de 29 de marzo de 2006! (once días antes de la nota policial).
Ante tamaño exceso de celo mediático y policial queremos afirmar que nos parece intolerable que una sociedad entera haya de sufrir día tras día la calumnia y la amenaza por una actividad (la de la compartición entre pares en internet) que la beneficia en su conjunto (de acuerdo con la finalidad social de enriquecimiento cultural que otorga su legitimidad a los derechos de autor) y que no constituye delito alguno; y que, al mismo tiempo, las propias entidades que criminalizan dicha compartición exijan recaudar a cambio de ella el multimillonario tributo de los diversos cánones.
fuente: http://estrecho.indymedia.org/
