Acuerdo Nacional contra la Piratería y el Contrabando (mexico)
3, 21 de 2006-06-21 de 2006
El gobierno federal y sectores productivos suscribieron dicho convenio
Desarrollarán líneas de acción que permitan erradicar esas prácticas criminales y recuperar el mercado interno secuestrado por las mismas.
El gobierno federal y sectores productivos suscribieron el "Acuerdo Nacional Contra la Piratería y el Contrabando" y lanzaron la convocatoria a definir una política de Estado, en la materia para confrontar eficazmente dichos delitos.
Dependencias federales (PGR, PFP, SSP, Segob, SE, SHCP, SEP) e industriales bajo este convenio desarrollarán líneas de acción que permitan erradicar esas prácticas criminales y recuperar el mercado interno secuestrado por las mismas.
El documento destaca la necesidad de que en el combate a la "piratería" y al contrabando participen los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, los tres poderes que le integran, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los sectores industriales y la sociedad en general.
Así, a las tres órdenes de gobierno corresponderá desmantelar delincuencia organizada, sancionar eficazmente tales ilícitos, mantener y/o desarrollar operativos en aduanas, almacenes de acopio y distribución de materia prima, mercancía y/o equipos ilícitos, establecimientos mercantiles en los que se produzcan y/o almacenen y/o vendan productos ilegales y en vía pública en "puestos" que comercialicen bienes piratas y de contrabando, para sancionar a los responsables de la comisión de las conductas indebidas señaladas.
Otras acciones que tendrán que ejecutar los tres niveles de gobierno serán: consolidación e implantación del sistema de monitoreo sobre el retorno de importaciones temporales; desarrollar un sistema de seguimiento, control y evaluación que permita medir objetivamente la disminución o incremento de la venta de productos legales e ilegales y contar con presupuesto para tal fin.
Es necesario además concertar para legalizar al mercado ilegal y sobre todo consolidar, en colaboración con el sector privado, un marco jurídico que respalde los derechos de propiedad intelectual, que dé certidumbre a los esfuerzos que se emprendan para contener a la "piratería" y el contrabando y que regule el comercio (interior y exterior) a la luz de la tutela de los derechos de propiedad intelectual, que son preocupaciones del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal (IPPIC).
Un vez que se abata la piratería y economía ilegal, se reactivará la planta industrial e incrementará el universo de contribuyentes que generen recursos al erario federal para fortalecer el gasto social, así como robustecer la cultura de legalidad que debe sustentar nuestras relaciones sociales al tiempo de ofrecer certeza jurídica a la propiedad intelectual. (Con información de Finsat/Silvia Arzate)
Desarrollarán líneas de acción que permitan erradicar esas prácticas criminales y recuperar el mercado interno secuestrado por las mismas.
El gobierno federal y sectores productivos suscribieron el "Acuerdo Nacional Contra la Piratería y el Contrabando" y lanzaron la convocatoria a definir una política de Estado, en la materia para confrontar eficazmente dichos delitos.
Dependencias federales (PGR, PFP, SSP, Segob, SE, SHCP, SEP) e industriales bajo este convenio desarrollarán líneas de acción que permitan erradicar esas prácticas criminales y recuperar el mercado interno secuestrado por las mismas.
El documento destaca la necesidad de que en el combate a la "piratería" y al contrabando participen los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, los tres poderes que le integran, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como los sectores industriales y la sociedad en general.
Así, a las tres órdenes de gobierno corresponderá desmantelar delincuencia organizada, sancionar eficazmente tales ilícitos, mantener y/o desarrollar operativos en aduanas, almacenes de acopio y distribución de materia prima, mercancía y/o equipos ilícitos, establecimientos mercantiles en los que se produzcan y/o almacenen y/o vendan productos ilegales y en vía pública en "puestos" que comercialicen bienes piratas y de contrabando, para sancionar a los responsables de la comisión de las conductas indebidas señaladas.
Otras acciones que tendrán que ejecutar los tres niveles de gobierno serán: consolidación e implantación del sistema de monitoreo sobre el retorno de importaciones temporales; desarrollar un sistema de seguimiento, control y evaluación que permita medir objetivamente la disminución o incremento de la venta de productos legales e ilegales y contar con presupuesto para tal fin.
Es necesario además concertar para legalizar al mercado ilegal y sobre todo consolidar, en colaboración con el sector privado, un marco jurídico que respalde los derechos de propiedad intelectual, que dé certidumbre a los esfuerzos que se emprendan para contener a la "piratería" y el contrabando y que regule el comercio (interior y exterior) a la luz de la tutela de los derechos de propiedad intelectual, que son preocupaciones del Instituto para la Protección de la Propiedad Intelectual y el Comercio Legal (IPPIC).
Un vez que se abata la piratería y economía ilegal, se reactivará la planta industrial e incrementará el universo de contribuyentes que generen recursos al erario federal para fortalecer el gasto social, así como robustecer la cultura de legalidad que debe sustentar nuestras relaciones sociales al tiempo de ofrecer certeza jurídica a la propiedad intelectual. (Con información de Finsat/Silvia Arzate)
